La pelea en 2022 será, ahora sí, entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro – Latinoamérica – Internacional




El expresidente Luis Inácio Lula de Silva, el gran ícono de la izquierda de América Latina, regresó a la escena política esta semana y disputará, con el actual mandatario, Jair Bolsonaro, de extrema derecha militar, las elecciones presidenciales de 2022, si se mantiene la actual tendencia, dicen expertos.

Eso porque el juez del Supremo Tribunal, Edson Fachin, anuló los 4 procesos por corrupción que cursaban en su contra al considerar que el Tribunal Federal de la sureña ciudad de Curitiba, donde transitaban, no contaba con jurisdicción para legislar sobre esos cargos. Si la sentencia del juez se mantiene, se fortalecerá más la posibilidad de que Lula no solo sea candidato a la presidencia de Brasil en 2022 sino que gane las elecciones.

La operación anticorrupción Lava Jato, que condenó a Lula, “no solo perdió fuerza, sino que Bolsonaro y su familia se revelaron también como corruptos al contratar funcionarios fantasmas y quedarse con la casi totalidad del sueldo.

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Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente, es reo en un proceso por esa causa cuando era diputado estatal de Río de Janeiro entre 2003 y 2018” y hay muchas otras cosas más, dice a EL TIEMPO el respetado analista brasileño Mario Osava.

Por eso, el anuncio del juez Fachin desató el nerviosismo en los mercados, disparó el dólar, hundió la bolsa y puso en pie de guerra a seguidores y contradictores de Lula da Silva, que ya prendieron motores para la disputa presidencial del año entrante.

“Ahora será Lula-Bolsonaro, una disputa que el juez Sergio Moro impidió en 2018 al abrir las investigaciones contra Lula en el marco de la investigación anticorrupción Lava Jato, ya concluida. Pero, será una pelea muy desigual, no solo por la muchas brutalidades y tonterías cometidas por Bolsonaro durante su mandato, sino porque su familia ha ayudado a relativizar la corrupción”, afirma Osava.

La operación Lava Jato, que fue considerada como el mayor proceso anticorrupción realizado en América Latina, mandó a la cárcel a centenas de políticos y personajes nacionales y regionales y también comprometió en las investigaciones a varios expresidentes.

Solo en Perú, a Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y a Pedro Pablo Kuczynski, además de la líder opositora Keiko Fujimori, entre muchos otros.

En Colombia hizo estremecer a políticos y dirigentes de distintas corrientes y puso en entredicho la transparencia de empresarios y altos funcionarios.

… la operación anticorrupción Lava Jato, que condenó a Lula, no solo perdió fuerza, sino que Bolsonaro y su familia se revelaron también como corruptos”.

Dudas y certezas

Bolsonaro ha acusado al juez que anuló los procesos contra Lula de tener vínculos contra el Partido de los Trabajadores (PT) al que pertenece y fundó, y puesto en duda que el pueblo lo quiera como candidato en las presidenciales del año entrante, pese a los miles de seguidores que apoyan a Lula por haber sacado de la pobreza a millones de brasileños bajo sus dos mandatos.

Aunque la decisión del juez ha sido una victoria para Lula, algunos se preguntan sobre lo que podría pasar más adelante si alguien contesta la decisión unilateral de un solo juez en este caso.

Expertos estiman que la Procuraduría General de la República podría apelar y llevar el caso a la segunda sala de la Corte y que Lula podría ser juzgado o absuelto, de nuevo. El abanico de posibilidades, por lo tanto, está abierto pero, pese a eso, la decisión del juez definió la disputa electoral brasileña, que estaba estancada hasta la semana pasada en casi una decena de nombres.

No obstante, tanto los abogados de Lula como el Partido de los Trabajadores, al que pertenece, han evitado referirse a la contienda electoral del año entrante, aunque en una entrevista con el diario El País de España, tres días antes de conocerse el fallo, Lula dijo que “la política es mi ADN y solo dejaré de hacerla cuando muera”.

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Por eso, desde ya se pronostica que la disputa entre Lula y Bolsonaro será una guerra electoral a muerte, adobada por años de odios y persecuciones y en medio de un país dividido, polarizado, resentido y con un presidente como Bolsonaro, que ha echado más gasolina a la voraz hoguera política brasileña en sus tres años de gestión.

Dictadura democrática

El mandatario ha incorporado a más de una docena de generales a su gobierno y, aunque Osava, no teme un golpe militar a la vieja usanza a raíz de la renovada presencia de Lula en la escena política y su eventual victoria en las presidenciales del 2022, dice que lo que sí ve “es la reanudación de la dictadura bajo una institucionalidad democrática. Es una contradicción insoluble que tiene todo para terminar en tragedia”.

En su opinión, los militares lo darán todo por Bolsonaro. “Para ellos es un líder, su redentor, “Con sus 57,8 millones de votos rescató el orgullo de las Fuerzas Armadas, el reconocimiento de que son los mayores (si no únicos) patriotas del país”, después del resentimiento que acumularon al ser acusados de fechorías, torturas y asesinatos durante 30 años”.

Osava afirma que “Bolsonaro rescató también a la dictadura como un periodo de conquistas: Brasil creció mucho económicamente, se hizo potencia industrial y ese es un sentimiento presente en la mente de gran parte de los brasileños. Su elección comprobó que la mayoría respeta y confía en los militares, ignorando por completo lo que fue la dictadura”.

Las encuestas siempre apuntaron las Fuerzas Armadas como la institución más confiable o entre las primeras más confiables. Los descalabros económicos del PT en 2015 y 2016 y los escándalos de corrupción llevaron a que la gente volviera a ver a los militares como una alternativa.

Y para los militares la dictadura de 21 años que vivió Brasil (1964-1985) “fue el gesto heroico de la democracia al evitar la dictadura comunista. El 31 de marzo de 2020 el ministro de defensa, general Fernando Azevedo e Silva, celebró el golpe de Estado de 1964 como “un marco de la democracia” en su orden del día, es decir, un comunicado público, aunque destinado a las tropas”, recuerda Osava.

Desde ya se pronostica que la disputa entre Lula y Bolsonaro será una guerra electoral a muerte

En la actual cúpula del Gobierno brasileño hay en total 5 generales, 4 como ministros y Hamilton Mourão, como vicepresidente. Además otros seis militares de la reserva (del ejército, marina y aeronáutica), que ocupan cargos de alto rango. En todo el gobierno hay unos 6.000 militares, según un reciente estudio realizado por investigadores independientes

Osava subraya que Bolsonaro continúa nombrando a “más generales y coroneles en el Gobierno, seduce a los policías militares y es evidente que quiere armas en los votos… No sé a dónde iremos a parar, pero preocupa”.

Bolsonaro aprobó la venta libre de armas a los civiles. Hace poco firmó decretos que amplían las posibilidades de adquirirlas. “Los tiradores y cazadores deportivos, por ejemplo, pueden doblar de 30 a 60 armas en su posesión. Un ciudadano cualquiera que tenga porte de armas ya puede caminar por las calles, no con una, sino con dos armas”.

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Igualmente, exentó la importación de armas pequeñas. “Una locura que puede ser anulada por el Congreso, pero no se sabe. Los actuales presidentes del Senado y la Cámara de Diputados son aliados de su gobierno”, recuerda Osava.

El caso de Lula, que se menciona como ejemplo de la operación anticorrupción Lava Jato, también lo es de una situación en la que se mezcló la justicia con política y produjo aprendizajes como enormes daños en la justicia de Brasil.

Fabiana Alvez Rodrigues, jueza federal, profesora de ciencia política de la Universidad de São Paulo (USP) y autora del libro Lava Jato: aprendizaje institucional y acción estratégica en la justicia, afirma que en la Operación Lava Jato hay logros a preservar pero, también, “muchos errores, como el incumplimiento de reglas esenciales del Estado de derecho y la quiebra de las barreras entre justicia y política”.

En su opinión, las atribuciones institucionales de los primeros no incluyen el uso de la posición privilegiada de poder de sus actores para incidir en el escenario electoral, aunque sea impulsado por supuestas buenas intenciones”.

La operación Lava Jato, según ella, “eludió las normas legales y, con ello, contribuyó al surgimiento de la extrema derecha al poder y a desequilibrar la competitividad de los partidos políticos… La credibilidad del sistema de justicia depende de una acción que siga estrictamente las normas y procedimientos que delimitan el campo de acción de la actividad punitiva del Estado”.

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En una de las varias acciones, Lula fue acusado de recibir sobornos de la contratista brasileña Odebrecht con un terreno evaluado en más de 2.000 millones de dólares, que sería usado en la construcción del Instituto Lula en São Paulo y un apartamento en el mismo edificio donde él residía en São Bernardo do Campo, región metropolitana de la capital paulista. sobre el supuesto soborno con un apartamento tríplex en el balneario de Guaruja, estado de São Paulo, por otro contratista, fue condenado por indicios, no con pruebas. Estuvo preso durante 580 días y puesto en libertad en noviembre de 2019 por la Corte Suprema, que falló contra su detención, que le impidió participar en las presidenciales del 2018.

La libertad de todos solo estará garantizada si el Estado actúa dentro de los marcos legales”, dice la jueza Alvez Rodríguez y concluye que “el incumplimiento de esas normas debilita la democracia, no solo porque materializa una violación del Estado de derecho, sino porque deslegitima también esta actividad estatal ante la sociedad. Quizás la principal lección que deja Lava Jato es mostrarnos que la justicia no es el escenario para hacer política”.

GLORIA HELENA REY 
Especial para El Tiempo



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